El Salvador ha celebrado su Bitcoin Day con gran despliegue. El país ha adquirido 21 BTC, un guiño directo a la cantidad de 21 millones de bitcoins.
El Salvador ha celebrado su Bitcoin Day con gran despliegue. El país ha adquirido 21 BTC, un guiño directo a la cantidad de 21 millones de bitcoins.
Tras el efecto mediático, se perfila una estrategia. El gobierno prosigue con la acumulación, así como con una narrativa pro-Bitcoin declarada. No obstante, este enfoque genera tensiones con sus acreedores, principalmente el FMI.
Un símbolo deliberado, una estrategia que se consolida
El domingo, Nayib Bukele confirmó la compra de 21 BTC por parte de la Oficina Nacional de Bitcoin. Esta cifra no tiene nada de casual: recuerda la oferta máxima del activo. De esta manera, el país marca el cuarto aniversario de su ley Bitcoin y refuerza su posicionamiento pro-cripto. Desde marzo de 2024, las autoridades compran además 1 BTC diario, lo que inscribe la iniciativa en el tiempo.
Buying 21 bitcoin for Bitcoin Day. pic.twitter.com/3X4yKeiqzg
— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 7, 2025
En este punto, las reservas nacionales totalizan aproximadamente 6.313 BTC. Al precio actual, superan los 700 millones de dólares. Además, las autoridades afirman gestionar activamente estos activos. Recientemente, han redistribuido los bitcoins en varias direcciones, con un máximo de alrededor de 500 BTC por dirección.
Los responsables invocan, entre otras cosas, los riesgos a largo plazo relacionados con la computación cuántica. Un panel público registra ahora las nuevas direcciones para incrementar la transparencia.
La iniciativa conserva una vertiente política interna. En efecto, la adopción de 2021 había sido presentada como una palanca de inclusión financiera. Sin embargo, las críticas no han desaparecido: volatilidad, gestión de riesgos y peso de las decisiones centralizadas vuelven a menudo al debate.
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Un quebradero de cabeza para el FMI y un calendario bajo vigilancia
La compra del fin de semana no resulta neutra en el plano financiero. El país negocia un préstamo de aproximadamente 1.400 millones de dólares con el FMI; el acuerdo exige el cese de la acumulación de BTC. Por consiguiente, cada «acumulación» simbólica complica el cumplimiento. El programa se extiende hasta 2027, con revisiones regulares. Así, los desembolsos permanecen condicionados al respeto de los compromisos.
Para avanzar, El Salvador ha comenzado a adaptar su marco normativo. La ley Bitcoin ha sido revisada: la aceptación por parte de los comerciantes se vuelve voluntaria, conservando no obstante el activo como moneda legal. Con todo, el país continúa comprando. La señal es clara: prioridad al rumbo Bitcoin, aunque la ruta diplomática se complique.
En el balance, el panorama aparece contrastado. Un informe publicado en marzo estimaba el coste total de las compras en aproximadamente 300 millones de dólares. Gracias al mercado, las ganancias no realizadas superarían ahora los 400 millones de dólares. Sin embargo, la divulgación limitada de la cartera impide una evaluación independiente completa. Dicho de otro modo, los beneficios sobre el papel no eliminan ni el riesgo de mercado ni las limitaciones de gobernanza.
No obstante, estas medidas técnicas no abordan lo esencial: la compatibilidad entre una política de acumulación y un programa con el FMI. Por ello la ecuación sigue siendo delicada.
Más allá del episodio, lo que está en juego se vuelve macroeconómico. Si el precio del bitcoin continúa subiendo, la estrategia puede fortalecer las finanzas públicas a corto plazo. En cambio, una corrección violenta reavivaría las críticas. Por tanto, la trayectoria dependerá tanto del mercado como del diálogo con las instituciones. El mensaje político, por su parte, no varía: El Salvador quiere seguir siendo el escaparate estatal del bitcoin, cueste lo que cueste.
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