El proyecto amplía igualmente la definición de bienes embargables. Sumar quiere incluir el conjunto de criptoactivos en posesión.
El grupo parlamentario español Sumar ha propuesto una reforma fiscal para los criptoactivos. Este proyecto prevé especialmente aumentar los impuestos a los poseedores de activos digitales, ya sean particulares o profesionales. Según varios expertos económicos locales, estas medidas amenazan el mercado cripto nacional y corren el riesgo de instaurar un caos jurídico.
Una fiscalidad cripto de hasta el 47% para particulares y empresas
En primer lugar, el grupo Sumar desea integrar las ganancias en criptomonedas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El tipo pasaría entonces del 30% al 47%, un nivel notablemente más elevado que el actual. Los profesionales también se verían afectados: sus beneficios en criptomonedas tributarían al 30%.
El proyecto amplía igualmente la definición de bienes embargables. Sumar quiere incluir el conjunto de criptoactivos en posesión de un particular o una empresa, una medida que va más allá del marco europeo MiCA.
🚨 Sumar propone que las ganancias con Bitcoin pasen a tributar en el IRPF, lo que podría llevar impuestos de casi 50%.
Para Cris Carrascosa (@CarrascosaCris_) es “una salvajada” y José A. Bravo (@jabravo) advierte que “esto hará huir a los holders”.
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— BeInCrypto Español 🗞 (@beincrypto_es) November 25, 2025
Por otra parte, el grupo propone un tratamiento más estricto de los criptoactivos, similar al aplicado a los productos financieros clásicos. En términos generales, esta reforma modificaría de forma concreta la manera en que los inversores españoles declaran y conservan sus activos digitales.
Un sistema de riesgo visual impuesto a las plataformas
Para regular la tenencia y la fiscalidad de los criptoactivos en España, Sumar propone un sistema de visualización de riesgos. El dispositivo se basaría en un «semáforo» que permitiría identificar rápidamente el nivel de seguridad de una plataforma o de un activo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encargaría de su implementación.
La clasificación se apoyaría en varios criterios: registro regulatorio, liquidez y protección de los fondos de los usuarios. Cada plataforma debería mostrar un color de riesgo para cada criptoactivo ofrecido. Esta idea retoma una demanda formulada por diputados en julio de 2025, en un contexto de fuerte volatilidad económica.
El objetivo anunciado está claro: ofrecer una información estandarizada y comprensible a los inversores. No obstante, este sistema requeriría herramientas de evaluación fiables y una supervisión continua para seguir siendo pertinente.
Críticas contundentes y riesgo de caos regulatorio
El economista José Antonio Bravo Mateu considera que las enmiendas van claramente en contra de Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos. Por su parte, la experta jurídica Chris Carrascosa juzga la propuesta como «inaplicable». Incluso advierte que podría crear un «caos absoluto» en el régimen fiscal cripto español.
Según estas críticas, las medidas corren el riesgo de frenar la adopción de criptoactivos en España. También podrían empujar parte de la actividad hacia circuitos no declarados, con el fin de evitar la carga fiscal. Los inversores y las plataformas se encontrarían entonces ante obligaciones administrativas pesadas y difíciles de gestionar.
Por otro lado, algunos observadores consideran que el marco fiscal actual (que grava las ganancias cripto como rentas del ahorro hasta el 30%) ya no resulta adecuado. La subida del tipo del IRPF al 47% situaría a numerosos poseedores de criptomonedas en la categoría de altas rentas, lo que podría reducir la liquidez del mercado.
Finalmente, los opositores mencionan un riesgo de impugnaciones jurídicas si se aprueba la reforma. Temen que perjudique el atractivo del país y cuestione la posición de España como jurisdicción favorable a los criptoactivos.
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